La Comisión ha adoptado una propuesta de nueva directiva de la UE para combatir los delitos medioambientales, cumpliendo así un importante compromiso del Pacto Verde Europeo. La propuesta pretende aumentar la eficacia de la protección del medio ambiente obligando a los Estados miembros a adoptar medidas penales. Define nuevos delitos medioambientales, establece un nivel mínimo de sanciones y refuerza la eficacia de la cooperación policial. También obliga a los Estados miembros a asistir y apoyar a las personas que denuncien delitos medioambientales y a cooperar en la aplicación de la ley. Esta propuesta contribuirá a la protección de la naturaleza y los recursos naturales, así como a la salud y el bienestar públicos.

Principales objetivos de la propuesta

La propuesta establece nuevos delitos medioambientales en la UE, como el comercio ilegal de madera, el reciclaje ilegal de buques o la extracción ilegal de agua. Además, la propuesta aclara las definiciones existentes de delito medioambiental, proporcionando así una mayor seguridad jurídica.

 La Comisión propone establecer un mínimo común denominador para las sanciones por delitos ambientales. Si un delito causa o puede causar la muerte o lesiones graves a una persona, los Estados miembros deben establecer una pena mínima de prisión de hasta diez años. El proyecto de directiva también propone sanciones adicionales, como la restitución de la naturaleza, la exclusión del acceso a los fondos públicos y a los procedimientos de contratación, o la retirada de las autorizaciones administrativas.

 La propuesta también pretende hacer más eficaces las investigaciones y procedimientos penales pertinentes. Apoya a los inspectores, la policía, los fiscales y los jueces mediante la formación, las herramientas de investigación, la coordinación y la cooperación, y la mejora de la recogida de datos y estadísticas. La Comisión propone que cada Estado miembro desarrolle estrategias nacionales que garanticen un enfoque coherente a todos los niveles de aplicación y la disponibilidad de los recursos necesarios.

 La propuesta apoyará las investigaciones y actuaciones judiciales transfronterizas. Los delitos contra el medio ambiente suelen implicar a varios países (por ejemplo, el tráfico ilegal de especies silvestres) o tienen efectos transfronterizos (por ejemplo, la contaminación transfronteriza del aire, el agua y el suelo). Las autoridades policiales y judiciales sólo pueden luchar contra estos delitos si cooperan a través de las fronteras.

 La Comisión seguirá apoyando a los Estados miembros proporcionando una plataforma de debates estratégicos para los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y sus redes profesionales, y proporcionando apoyo financiero. Por último, dado que los delitos contra el medio ambiente son un fenómeno mundial, la Comisión seguirá fomentando la cooperación internacional en este ámbito.

Fuente: Retema