El objetivo de la Directiva sobre denuncia de irregularidades no es otro que armonizar la protección de los denunciantes en ámbitos como la contratación pública, los mercados financieros, la sanidad, la protección de los consumidores, etc. en los distintos Estados miembros de la UE. A tal fin, el legislador comunitario ha desarrollado un sistema de obligaciones en materia de provisión de denunciantes y de su adecuada gestión, que afecta tanto al sector privado (en el contexto de los llamados canales internos, obligatorios para las empresas de cincuenta o más empleados) como al sector público (en el contexto de los canales internos en el caso de las empresas públicas y de los canales externos en la administración pública en sentido estricto).

Aunque el fin del plazo de transposición de la Directiva no suponga la entrada en vigor automática de las disposiciones relativas a los canales de denuncia en el sector privado, por un lado crea derechos que los particulares pueden invocar contra el sector público, ya que es prácticamente seguro que la Directiva tendrá un efecto vertical directo, dada la jurisprudencia europea existente, y por otro lado es muy previsible la proximidad en el tiempo de la transposición de la Directiva sobre denuncia de irregularidades, que probablemente no se desviará mucho del contenido establecido en las Directrices comunitarias.

De lo anterior se desprende que es absolutamente aconsejable que las instituciones, tanto del sector privado como del público, tomen las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones de la Directiva (creando canales de denuncia y estableciendo directrices internas de actuación) o que adapten sus canales internos a las normas de la Directiva sobre denuncia de irregularidades si ya los tienen.

Para ello, a continuación se enumeran brevemente las principales obligaciones establecidas en la Política de Denuncias en relación con los canales de denuncia y las investigaciones internas:

• Garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante y de los terceros afectados e impedir el acceso de personas no autorizadas.
• Acusar recibo de la denuncia al denunciante dentro de los siete (7) días siguientes a su recepción.
• Designar a una persona o departamento imparcial que se encargue de gestionar el canal de denuncias (esta gestión puede ser realizada por personas internas o externas a la empresa).
• Haga un seguimiento diligente de las quejas, aunque sean anónimas.
• Dar una respuesta al denunciante en un plazo no superior a tres (3) meses.
• Tratar los datos personales contenidos en las reclamaciones o a los que se accede en el marco de las investigaciones internas de acuerdo con la normativa de protección de datos.
• Registrar y conservar las quejas durante el periodo razonable necesario para los fines de la política.
• Están prohibidas las represalias y las amenazas o intentos de represalias contra los denunciantes.

Rigori presta un asesoramiento profesional integral en el cumplimiento de los distintos aspectos de las obligaciones recogidas en la Política de Denuncias: desde el diseño de los canales de denuncia (en cumplimiento de la propia Política y de la ISO 37002, norma técnica de referencia en esta materia, entre otras) y su gestión diaria por parte del Departamento de Cumplimiento, hasta el tratamiento de las denuncias y la posterior investigación por parte del Departamento de Investigaciones Internas.

Fuente: Molins