Los días 9 y 10 de diciembre de cada año se celebran el Día Internacional contra la Corrupción y el Día Internacional de los Derechos Humanos, una coincidencia que revela una estrecha relación. Más corrupción se corresponde con más violaciones de los derechos humanos en sus distintas dimensiones y en todas las facetas de los treinta artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que forman parte de la Agenda 2030para el Desarrollo Sostenible desde 2015. La corrupción afecta a todos los países, independientemente de su régimen o situación económica, y perjudica el bienestar humano, el estado de derecho y la confianza en los gobiernos. El reto de alcanzar las metas de los ODS combatiendo la corrupción con un enfoque basado en los derechos humanos permite una mayor visibilidad del impacto social, los efectos de la corrupción y las mejores prácticas para el ejercicio efectivo del derecho a la buena gobernanza.

La necesidad de regular la prohibición de las violaciones de los derechos humanos y el castigo de los actos de corrupción es un claro reconocimiento de la debilidad del ser humano, que es capaz de cometer atrocidades sin tener en cuenta la situación de sus semejantes. El vínculo entre los derechos humanos y la lucha contra la corrupción debe entender sedes de diferentes perspectivas, ya que cada término adquiere un significado diferente según el país. Por lo tanto, es importante diseñar un enfoque que combine sus aspectos jurídicos, políticos, sociológicos, económicos, tecnológicos y axiológicos.

Podemos tener conceptos más amplios o generales de corrupción, así como conceptos más estrechos o específicos, con el resultado de que en ciertas realidades ciertos actos se consideran corruptos y en otras no.El significado de los términos se refleja en el artículo 20 de la Convención delas Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), que exige a los Estados que consideren la posibilidad de tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, pero muchas partes no se sienten obligadas a"considerar" por el verbo .

Más visibilidad para los impactos sociales

Es necesario luchar contra la corrupción a través de un marco de derechos humanos que permita combinar el impacto económico, tradicionalmente considerado como una consecuencia natural, con el impacto social que afecta a la vida humana, desde la esfera individual hasta la esfera pública.Es obvio que el impacto social necesita más visibilidad y debe ser abordado por una gobernanza que coordine a nivel local y global los organismos que luchan contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos.

Este enfoque basado en la transparencia puede producir una cultura de gobierno que promueva los principios de integridad, responsabilidad, innovación y participación de todas las personas en apoyo dela democracia y el crecimiento inclusivo. Es un modo de interacción sociopolítica basado en el diálogo, la cocreación y la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía empoderada y corresponsable. Pero la realidad es más compleja. La corrupción es el principal enemigo de los derechos humanos, independientemente de su generación o de su eventual jerarquía. Las promesas incumplidas de la democracia nos llevan a un sistema estancado por los vicios estructurales que los clásicos de la democracia intentaron eliminar en la creencia de ciudadanos virtuosos.

En 2003, la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó el primer documento que relacionaba la corrupción con los derechos humanos. Cabe señalar que el término derechos humanos sólo aparece en el prefacio de la CNUCC, cuyo objetivo es promover y reforzar las medidas para prevenir y combatir la corrupción de forma más eficaz y eficiente. Al mismo tiempo, no hay ninguna referencia explícita a la lacra dela corrupción en muchos instrumentos de derechos humanos. En otras palabras, necesitamos crear un marco legal paralelo y un entorno propicio para evitar la falta de comunicación entre los acuerdos legales para la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos, dos prioridades clave para el alcance de las metas de los ODS.

Los mecanismos anticorrupción desarrollados a nivel internacional y regional se han enfrentado a las estrategias de simulación delos gobiernos, que a nivel nacional y local han tendido a capturar los procesos y obstaculizar la aplicación de la ley. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en los sistemas regionales de derechos humanos y los derechos colectivos de tercera generación, como el derecho a la autodeterminación, al desarrollo, a los recursos naturales y a un medioambiente satisfactorio, están incluidos en la Carta Africana de DerechosHumanos y de los Pueblos , se ven muy afectados por la corrupción. Los diecisiete ODS han corrido la misma suerte en su versión de agenda política pública, que podría encajar perfectamente en el plan de desarrollo de cualquier entidad.

Impacto de la corrupción en la percepción de los derechos humanos

Los proyectos de alivio de la pobreza y reducción del hambre requieren recursos que a menudo no llegan a sus beneficiarios finales. La corrupción tiene un impacto negativo en la salud y el bienestar debido al desvío de recursos destinados a la infraestructura hospitalaria o al suministro de medicamentos; del mismo modo, la educación de calidad o el fácil acceso a la misma se ven afectados por obstáculos relacionados con el nepotismo o el soborno.

 Las aberrantes muestras de corrupción en forma de chantaje sexual o de discriminación estructural tienen un impacto directo en la igualdad de género. El medio ambiente es víctima de los sobornos a los inspectores, la adjudicación de contratos ilegales, la contaminación impune, los permisos ilegales o la sobreexplotación de los recursos. Los conflictos de intereses, las distorsiones del mercado o la alteración de los procesos de elaboración de políticas públicas contribuyen a la privatización ilegal de la esfera pública. Lo anterior, unido a las políticas que perjudican la paz, violan la justicia y vulneran el derecho a unas instituciones sólidas, suponen un obstáculo evidente para alcanzar los objetivos de 2030.

 La prevención como mejor antídoto es esencial tanto en el sector público como en el privado, en las organizaciones de la sociedad civil y en las familias donde se forja la demanda del derecho humano a la buena gobernanza. Aunque la corrupción es un obstáculo para los derechos humanos de todas las personas de una sociedad, quienes la sufren de forma desproporcionada son los miembros de grupos vulnerables, marginados y discriminados. Por lo general, tienen menos oportunidades de participar en el diseño y la aplicación de las políticas y los programas públicos, y carecen de recursos para defenderse de las violaciones, reclamar sus derechos o buscar reparación. Los sobornos requeridos para acceder a ciertos servicios pesan mucho más en las familias de bajos ingresos. Además, se calcula que la corrupción, en sus diversas formas, distorsiona el destino de una cantidad de dinero equivalente amás del 5% del PIB mundial, un valor que podría utilizarse eficazmente para un desarrollo más inclusivo.

El derecho a la buena gobernanza y los ODS

El derecho a la buena gobernanza es el denominador común de los ODS y el tema central del ODS 16, que tiene como objetivo explícito reducir sustancialmente la corrupción en todas sus formas, al tiempo que se centra en la recuperación indebida de activos desviados. El espíritu de estos objetivos, que pretenden evitar los efectos devastadores de la corrupción sobre las personas y su entorno, puede verse en la Declaración Universal de losDerechos Humanos y en otros tratados internacionales de derechos humanos. En este contexto, el papel de los Estados es fundamental para prevenir, investigar y castigar los actos de corrupción y, por lo tanto, hacer que los servicios relacionados con el disfrute de los derechos humanos sean ampliamente disponibles y accesibles. Un Estado ausente es cómplice de la creación de un entorno fértil para que el vínculo entre las violaciones de los derechos humanos y la corrupción alimente un círculo vicioso que fomenta la desigualdad.

Todos los gobiernos dicen haber heredado un desastre de los gobiernos anteriores y se esconden con él, sin intentar hacer un nuevo pacto con los ciudadanos basado en la cultura de la legalidad, donde la protección del acceso a la información y la libertad de expresión son baluartes. Parece paradójico, pero la sugerencia natural para mejorar la situación actual sería simplemente recordar a los funcionarios que la mejor medicina es cumplir las leyes y los códigos éticos que rigen sus mandatos.

La corrupción, como comportamiento con motivación privada que se desvía de las normas vigentes o que se cree que están vigentes en un contexto determinado, o como abuso del poder encomendado para beneficio personal, tiene un efecto positivo: la convergencia de activistas que quieren derrocarla. Lo que se necesita ahora es un mayor diálogo entre las organizaciones que luchan contra la corrupción y las que participan en actividades de protección de los derechos humanos.

Pero la corrupción es fluida, y está en una búsqueda constante para infiltrarse en los meandros más propensos a entrar en ella. El concepto poliédrico del derecho a la buena gobernanza surge, pues, sin caer en la banalización del criticado derecho humano, de una nueva psicología administrativa solidaria que abarca la toma de decisiones a nivel local, nacional, regional, internacional y universal. Los procedimientos, contenidos y contribuciones necesarios para alcanzar los objetivos de los ODS deben incluir entre sus herramientas útiles la lucha contra la corrupción con un enfoque basado en los derechos humanos.

Fuente: Foreign Affairs

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